El financiamiento público de la política

Es tiempo de elecciones en México. Estamos tan sólo a unas semanas de iniciar oficialmente las campañas para presidente, senadores, diputados y otras elecciones locales que coinciden con el calendario electoral federal de 2012. Seguramente, como ha sucedido en los últimos años, las campañas se convertirán en un concurso de popularidad en el que abundarán más los spots con promesas al aire o sin contenido relevante y en el que harán falta propuestas y debates serios en torno a los temas más importantes para el país.

Sin embargo, antes de adentrarnos en los sinsabores de la contienda electoral, les propongo que hablemos sobre un tema relacionado e importante, que ha estado ausente en las discusiones de reforma política en México: el financiamiento a partidos políticos con recursos públicos.

De acuerdo a los indicadores de integridad, desarrollados por Global Integrity, México califica como “fuerte” cuando se habla de elecciones. Mirando las subcategorías que componen este tema, vemos que la calificación del país es de “muy fuerte” para aspectos como el voto y la participación ciudadana y la integridad de las elecciones. Sin embargo, el único pelo en la sopa es el tema del financiamiento político, en el que México califica como “débil”.

Y es que, a pesar de las regulaciones existentes respecto al financiamiento de partidos políticos, hay muchos retos que siguen existiendo en nuestro país, principalmente relacionados con la fiscalización y transparencia en el uso de recursos por parte de los partidos.

En México, las fuentes de financiamiento a los partidos políticos son de carácter mixto. Es decir, los partidos reciben dinero público y privado. En esta ocasión bloguearemos sólamente acerca del primer grupo, que es la fuente principal de recursos para la política mexicana.

El financiamiento público tiene como objetivos brindar condiciones de igualdad para la competencia electoral, garantizar cierta independencia del capital privado y los intereses vinculados a éste, y evitar la corrupción y transparentar el origen de los recursos. Sin embargo, a pesar de los beneficios que ofrece el financiamiento público de la política, en México se nos pasó la mano pues con tal de crear un sistema de partidos políticos competitivo, que no existía durante la época dorada de PRI, construimos una de las democracias más caras del mundo.

El esfuerzo no estuvo nada mal en su momento, pero ya han pasado varios años de transición democrática y ahora podemos asegurar que en las elecciones federales hay condiciones igualitarias de competencia para todos los participantes. En otras palabras, al día de hoy cualquiera de los principales partidos puede considerarse como contendiente a los puestos de elección popular, por lo cual no es tan necesario financiarlos en exceso para nivelar la cancha en que compiten.

Para muestra de lo cara que es nuestra democracia, y en específico la parte relacionada a los partidos políticos, veamos la siguiente gráfica sobre el financiamiento público que han recibido desde 1997. Si de por si ya es mucho el dinero que reciben anualmente para financiar sus actividades ordinarias, en años electorales los partidos políticos reciben una mayor dotación de recursos para solventar sus gastos de campaña.

Sólamente para este año electoral, los partidos se embuchacarán la friolera cantidad de 5 mil millones de pesos. Con esta cantidad de dinero, el gobierno federal apoyó a 700 mil familias en 2010, a través del Programa de Apoyo Alimentario (PAL). Esta cantidad representa también alrededor del 80% del gasto en infraestructura educativa realizado en 2010. Además, lo que nos costarán los partidos en 2012 es el doble de lo que el gobierno destinó en 2011 para el programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que atiende a 5.1 millones de niños menores de 5 años. Las comparaciones pudieran seguir.

Por molesto que nos parezca este gasto excesivo, la conclusión no es eliminar por completo el financiamiento público a los partidos políticos, pues nos agraden o no, son entidades de interés público y una pieza necesaria para el funcionamiento de una democracia. Sin embargo, la cuestión de fondo es qué calidad de partidos estamos recibiendo a cambio de la inmensa cantidad de recursos públicos que les damos. ¿Cuál es el retorno sobre nuestra inversión? La conclusión desafortunadamente es que nuestra democracia no solamente es cara, sino que arroja productos de mala calidad que terminan respondiendo más a los intereses propios o de unos cuantos. No por algo los partidos políticos son una de las instituciones con menor nivel de confianza entre la población.

Ante este problema, ¿qué hacer? El consenso parece ser claro. El alto financiamiento que reciben los partidos no es sostenible, o al menos es demasiado en comparación a lo que recibimos a cambio. Sin embargo, además de un menor financiamiento público, es necesario tener una mejor fiscalización y rendición de cuentas para saber en qué gastan los partidos políticos el dinero público que reciben.

Y es que, por un lado la información que publica el IFE sobre la fiscalización de los partidos es muy genérica y no da gran detalle sobre exactamente en qué se gastaron los ingresos partidistas. Por otro lado, de lo poco que se sabe no recibimos buenas noticias. Tan sólo en las elecciones presidenciales de 2006, más del 70% de los gastos de campaña fue a parar a manos de las televisoras. Esto nos dice que se destina una gran cantidad de dinero en promoción y propaganda, en detrimento de otras actividades importantes como al investigación, la formación de cuadros y la discusión ideológica y posicionamiento respecto a los principales problemas de país.

Otra acción que pudiera tomarse es la de aplicarle a los partidos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que al recibir financiamiento público debieran estar obligados a rendir cuentas al igual que otras entidades públicas. No es posible que los partidos políticos continuen viviendo en medio de la opacidad, cuando en el resto del país se ha avanzado en temas de transparencia y acceso a la información.

En conclusión, un menor gasto, una mayor fiscalización y transparencia son tan sólo algunas de las medidas que se pueden recetar al paciente. Sin embargo, un gran problema es que muchos de estos cambios dependen de quienes actualmente se ven beneficiados del status quo. Es decir, el cambio está en las manos de los partidos mismos, y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, son pocos los incentivos que enfrentan para hacer algo.

Afortunadamente, hay quienes están tratando de hacer algo en este tema desde la sociedad civil. Un ejemplo de ello es el movimiento “¡Ya bájenle!“, que precisamente busca que se reduzca el financiamiento a partidos.

Aquí le corto porque ya me extendí demasiado. Para otra ocasión dejo un tema muy relacionado e igual de importante: el financiamiento privado a partidos políticos.

Un comentario

  1. Pingback: El país en el que no pasa nada | México desde Aquí

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