La reforma anticorrupción, gran tema pendiente

corr13_logo_ESEl lunes pasado se celebró el Día Internacional contra la Corrupción. Aunque esta celebración pasó desapercibida para muchos en México y el mundo, para mí fue una buena oportunidad de reflexionar sobre lo que se está haciendo en el país en temas de combate a la corrupción. Desafortunadamente, el balance es pobre y no hay muchos resultados de que hablar, ya que el gobierno federal le ha dado mayor prioridad a otras reformas y cambios estructurales que se espera tengan un impacto directo en la economía. Sin embargo, lo que muchos en el actual gobierno no entienden, o no les interesa saber, es que la corrupción es también un tema de crecimiento económico y desarrollo. No en balde, el slogan de este año para el Día Internacional contra la Corrupción fue: Cero Corrupción – 100% Desarrollo.

La literatura sobre los efectos de la corrupción en el crecimiento económico y el desarrollo es amplia. Una de las investigaciones pioneras a mediados de los 90s demuestra que la corrupción reduce los niveles de inversión, disminuyendo por ende el crecimiento económico. Otras formas en las que la corrupción afecta el crecimiento económico y el desarrollo es a través de la distorsión del gasto público, la reducción de la eficiencia gubernamental, el aumento de la burocracia,  la afectación de la competitividad en los mercados, la desincentivación de la innovación e inversión productiva, por mencionar algunos. Adicionalmente, la corrupción impacta la distribución del ingreso, la estabilidad política y la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

Si los elementos anteriores no son suficientes para demostrar el grave efecto de la corrupción en la economía y desarrollo de un país, veamos qué nos dicen los números. De acuerdo al presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, México pierde alrededor del 5% del PIB por problemas de corrupción. Además de esta cifra, lo que resulta interesante es que Reyes Heroles reconoce que la corrupción “no se trata de un asunto de morales privadas, es un asunto de desarrollo”. Otras estimaciones, como las del Consejo Coordinador Empresarial, nos dicen que el valor de la corrupción en México equivale al 10% del PIB.

Si el impacto de la corrupción en la economía nacional parece ser significativo, el impacto en los bolsillos de los ciudadanos no deja de ser mayor. Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, desarrollado por Transparencia Mexicana, en 2010 los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a la corrupción. Sin embargo, la cifra más alarmante es que para los hogares más pobres -con ingresos de hasta 1 salario mínimo-, el costo de la corrupción representó el 33% de su ingreso, lo cual confirma que la corrupción afecta más a los que menos tienen.

Ante la magnitud de este problema se esperaría una mayor reacción por parte del gobierno. En un principio, el actual gobierno federal quiso curarse en salud, ante las dudas de relacionar el regreso del PRI a la presidencia con el regreso de una de las épocas más corruptas del país, y antes de la toma de posesión del nuevo presidente, el PRI y PVEM presentaron al Congreso una propuesta para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Aunque muchas de las comisiones o agencias anticorrupción en el mundo no han tenido gran éxito, los mejores casos han sido aquellos en la que la creación de estas entidades viene acompañada de un fuerte liderazgo político para impulsar una agenda nacional anticorrupción. En nuestro caso, ese liderazgo no ha existido, pues después de un año de gobierno poco o nada se ha avanzado en el ámbito del combate a la corrupción.

Veamos que pasa el próximo año cuando la agenda legislativa esté más despejada. Mientras tanto, la lamentable conclusión a la que podemos llegar es que al actual gobierno no le interesa, o al menos no es su prioridad, combatir la corrupción.

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