by En México hay un pacto de impunidad entre políticos.
-Eduardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia.
Estoy a punto de viajar a México para pasar las fiestas de fin de año. Como siempre, la mejor parte del viaje es poder pasar algunos días en compañía de la familia, frecuentar algunos amigos y por supuesto disfrutar la deliciosa comida mexicana. Sin embargo, cada visita a México siempre tiene otro ingrediente especial, que es el poder palpar en carne propia qué tal le está yendo al país, sea política, económica o socialmente.
En esta ocasión, los temas de interés son los que han estado en la mesa y en boca de todos desde hace ya varias semanas: Ayotzinapa, como ejemplo claro de la forma en que el crimen y la corrupción se conjuntan para poner en jaque a la ciudadanía; la “casa blanca”, Grupo Higa y la licitación del tren México-Querétaro, como ejemplo de la corrupción, el conflicto de interés y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno; y por último un sentimiento de que todo esto le vale madres a un gobierno que se ha visto torpe e indiferente para atender las quejas de la sociedad.
De todo lo que se hablado y dicho de estos temas, lo que me resulta más preocupante es la falta de consecuencias o un menor indicio de cambio.
Por un lado está el gobierno federal que no ha sido capaz de hacer una autocrítica sincera, impartir justicia y remover de sus cargos a los responsables de los más recientes escándalos en el país. En cambio, el gobierno ha decidido tomar un perfil bajo, evadiendo lo más posible estos temas, con la esperanza de que la ciudadanía se olvide de ellos. La apuesta es al “aquí no pasó nada”.
Por el otro lado está la oposición que en lugar de convertirse en un verdadero contrapeso al gobierno, ha decido callar, hacerse de la vista gorda y ser cómplice del gobierno federal. En la época del viejo PRI, al menos existía la esperanza de que cuando la oposición llegara al gobierno las cosas iban a cambiar. Sin embargo, el rompimiento del monopolio en el poder resultó ser también un rompimiento en el monopolio de la corrupción. Y ahora que todos se han enlodado, la filosofía es “tapaos los unos a los otros“, frase con la que Denise Dresser y Maria Amparo Casar retratan perfectamente el llamado “pacto de impunidad” entre la clase política mexicana.
Desafortunadamente, la transa impune no es nada nuevo. Hace más de cuatro años hablé de este tema en el contexto de otra serie más de escándalos políticos. En ese entonces comentaba que estos y otros casos, más que convertirse un parteaguas en la lucha contra orrupción, el abuso de poder y la impunidad en México, son un reflejo de un país en el que al final no pasa nada. Ahí están los Bejarano, los Raúl Salinas, los Montiel, los Moreira, los Romero Deschamps, los Sahagún y muchísimos más, algunos no tan conocidos, que día a día abusan del poco o mucho poder que se les ha encomendado, sin sufrir ninguna consecuencia.
Ahora, el verdadero problema es que no se ve por dónde pueda haber un cambio. La mayoría de los políticos, que son en quienes se ha depositado la responsabilidad y el mandato ciudadano para gobernar por el bien común, carecen de voluntad política o calidad moral para encabezar una cruzada contra la corrupción, impunidad y el mal gobierno. Por otro lado, están los ciudadanos y la sociedad civil que recientemente, y en relación a la desaparición y muerte de los 43 normalistas, se han movilizado para demostrar su disconformidad y hartazgo con el gobierno. Sin embargo, ¿cómo pasamos del #YaMeCansé al #YaCambiaronLasCosas?
De ser aprobado y bien implementado, el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por el PAN pudiera ser una reforma benéfica. Sin embargo, habrá que esperar a ver qué tan pulcra o retocada sale esta reforma anticorrupción después de las negociaciones con el partido del gobierno federal, que ya empieza a dar muestras de resistencia. Otros temas importantes son la transparencia del gasto y las compras públicas, en los cuales ha habido avances pero se necesita ir más a fondo. También esta los temas de hacer obligatorias las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, regular el conflicto de intereses y el financiamiento de la política y sindicatos.
Estas son apenas algunas medidas que pudiera tomar el gobierno o que pudieran demandar los ciudadanos y la sociedad civil, para que México deje de ser el país en el que no pasa nada en temas de corrupción, abuso de poder e impunidad.
