by La corrupción no es un problema exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo. Los países ricos también tienen problemas de este tipo. La diferencia principal es qué medidas se toman cuando estos conflictos salen a la luz.
Hace poco escribía acerca de cómo México es el país en el que no pasa nada en temas de combate a la corrupción y al abuso de poder. A pesar de los múltiples casos de corrupción que se ventilan de vez en cuando a través de los medios, la cosa no pasa del vendaval mediático y la indignación popular. Como estrategia, los acusados apuestan a que el tiempo pase y que la gente olvide lo sucedido. Generalmente, esta estrategia funciona ya que la ley no se aplica, retroalimentando de este modo un sistema de impunidad que alienta a otros a seguir comentiendo más ilícitos, pues saben que si los cachan, al final no pasa nada.
Sin embargo, existe el otro lado de la moneda. El de los países en los que sí pasa algo. Por ejemplo, recientemente en Estados Unidos encontraron culpable al ex-gobernador de Virgina y su esposa por delitos de tráfico de influencias y los sentenciaron a unos cuantos años de cárcel. Y no es que hayan robado enormes cantidades como muchos políticos mexicanos. Aproximadamente, se calcula que ambos recibieron beneficios cercanos a los $165 mil dólares. Independientemente de si son casos de mucho o poco dinero, ¿por qué no tenemos ejemplos como éstos en México? ¿Qué nos hace diferentes de países como Estados Unidos en lo que sí se castiga sistemática y no selectivamente a los infractores de la ley?
Por un lado está el tema de las instituciones, sobre las cuales ya he hablado y las que para muchos expertos son indispensables para combatir la corrupción y el abuso de poder. Sin embargo, si miramos cómo califica México en el Índice de Integridad Global, nos daremos cuenta que al menos en el tema de instituciones formales, o sea las leyes, reglamentos y demás reglas formales para combatir la corrupción, México obtiene una calificación perfecta. Es decir, por la parte del andamiaje legal, estamos en muy buen estado.
A pesar de esto, nuestra debilidad, y fortaleza en el caso de países como Estados Unidos, está en la aplicación de la ley. Si miramos qué dicen los Worldwide Governance Indicators, podremos ver que en el rubro de “rule of law” México califica en el percentil 35 mientras los Estados Unidos se ubican en el percentil 91, todo ésto en una escala de 0 a 100. En pocas palabras, ésto significa que en Estados Unidos la ley suele estár por encima de todo y de todos, mientras en nuestro país la supremacía o imperio de la ley está en entredicho.
Adicionalmente, aunque ni México ni Estados Unidos tienen una agencia independiente encargada del combate a la corrupción, en nuestro vecino del norte existen lo que llaman “checks and balances” o pesos y contrapesos que permiten que otros poderes del gobierno como el legislativo y el judicial puedan pedirle al ejecutivo que rinda cuentas sobre sus acciones.
Por ejemplo, tomemos los casos recientes de los conflictos de interés en los que incurrió Peña Nieto porque su esposa compró la llamada “Casa Blanca” a una empresa que ha ganado contratos desde que él era gobernador del Estado de México, y después como jefe del ejecutivo. A lo cuál hay que agregarle la casa de Las Lomas que esta misma empresa le facilitó al ahora presidente, así como la casa de Malinalco que le vendieron al actual Secretario de Hacienda. Por si fuera poco, Peña Nieto también le compró una casa en Ixtapan de la Sal a otra empresa que ha recibido contratos durante sus mandatos como gobernador y presidente.
Si esto hubiera pasado en Estado Unidos, es muy probable que el presidente hubiera perdido su chamba, ya que muy posiblemente el Congreso hubiera actuado e iniciado un proceso de “impeachment” o impugnación en contra del líder del ejecutivo.
En cambio en México, el Congreso ha sido cómplice por su falta de acción. Lo más que se logró es el acto cínico y tardío del presidente de nombrar a un funcionario para que lo “investigue” y decida si hubo conflicto de interés o no en los casos citados. Cualquier persona con un dedo de frente entiende que resulta ridículo que un subordinado vaya a encontrar culpable a quien le ha dado trabajo. Y para colmo, Peña Nieto espera que le aplaudan como si hubiera hecho algo de alabarse.
Pesos y contrapesos y el imperio de la ley por encima de todo es la receta que puede convertir a México en un país en el que sí pasa algo en combate a la corrupción. Sin embargo, seguimos atorados porque aquellos que son responsables de hacer que ésto suceda, son aquellos que se benefician de que las cosas no cambien. Es tiempo de que la ciudadanía y sociedad civil saquen la casta.
Por ejemplo, me parece muy interesante la campaña #3de3 que ha lanzado Transparencia Mexicana para que los candidatos a puestos de elección popular hagan pública su declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración de impuestos. Medidas como éstas pueden aportar mucho. Si algún político fuera inteligente, tomaría esta bandera para hacerla realidad desde el gobierno. Sin embargo, al parecer muchos no hacen nada porque seguro tienen bastante cola que les pisen.
